Con
carácter al menos teórico los penados de toda clase de delitos
pueden obtener el indulto total (de todas las penas) o parcial (de
alguna/s de las penas).
El
indulto total solo cabe ante razones de justicia, equidad o utilidad
pública a juicio del Tribunal sentenciador.
El
indulto es una medida de gracia de carácter individual y
excepcional, otorgada por el Rey, a propuesta por el Ministerio de
Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.
Constituye un acto discreccional del Gobierno reunido en Consejo de
Ministros y no tiene la naturaleza de acto administrativo.
En
la práctica la decisión de conceder o denegar un indulto
corresponde al Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, se
exterioriza en un Real Decreto acordado en Consejo de Ministros,
firmado por el Rey, con el referendo del Ministro de Justicia.
Excepciones
para su concesión:
- los que aún no hubieran obtenido sentencia firme
- los que no estén a disposición del Tribunal para cumplimiento de la condena
- los reincidentes (mismo u otro delito por el que tuvieran sentencia firme), salvo que existan razones de justicia, equidad o conveniencia pública.
La
finalidad del indulto es extinguir la responsabilidad penal (total o
parcial), pero no cancela los antecedentes penales y no comprende
nunca la responsabilidad civil ni las costas que se deban abonar.
No
hay que olvidar que jurisprudencialmente se ha establecido que, con
carácter preferente, el indulto parcial habrá de consistir en la
conmutación de la pena o penas impuestas al penado por otras menos
graves dentro de la misma escala gradual o quizás en otra pena de
distinta escala.
Para
la conmutación son requisitos: la existencia de méritos
suficientes, que se expresen en el informe del Tribunal sentenciador
y que el penado preste su conformidad con la conmutación de su pena.
Será
condición tácita de todo indulto: que no cause perjuicio o lastime
derechos de un tercero y que haya sido oída la parte ofendida por el
delito, ante delitos que sólo se persiguen a instancia de parte.
En
la concesión del indulto pueden establecerse condiciones, de tal
manera que si no se cumplen el Tribunal sentenciador no daría
cumplimiento a ninguna concesión de indulto.
El
procedimiento de indulto se inicia por solicitud (penados, parientes
o cualquier persona en su nombre) o por proposición (del Tribunal
sentenciador, el Tribunal Supremo, ...) al Ministerio de Justicia. En
dicha solicitud es
preciso facilitar toda la información relativa al penado en que se
funde la petición de indulto, junto con la documentación
acreditativa (resinserción social, circunstancias laborales,
sociales y familiares, arraigos, procesos de desintoxicación o
deshabituación pasados y presentes, documentación acreditativa del
pago de la responsabilidad civil o acuerdo de pago fraccionado o
aplazado, indicios de arrepentimiento ...etc) y copia del DNI,
pasaporte o NIE y de la sentencia.
Si
la persona que solicita indulto hubiera sido condenada por varios
Juzgados o Tribunales habrá de presentar una solicitud de indulto
por cada una de las condenas para las que solicite indulto.
Son
trámites la obtención de informe del Tribunal sentenciador, informe
del Director del Centro Penitenciario (para el caso de que se
estuviera cumpliendo condena), y si no fuera privativa de libertad se
oirá al fiscal y a la parte ofendida.
El
Tribunal sentenciador hará constar en su informe, siendo posible, la
edad, estado y profesión del penado, su fortuna, si fuere conocida,
sus méritos y antecedentes, si el penado fue con anterioridad
procesado y condenado por otro delito, y si cumplió la pena impuesta
o fue de ella indultado, por qué causa y en qué forma, las
circunstancias agravantes o atenuantes que hubiesen concurrido en la
ejecución del delito, el tiempo de prisión preventiva que hubiere
cumplido, su conducta posterior a la ejecutoria, y especialmente las
pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado,
si hay o no parte ofendida, y si el indulto perjudica el derecho de
tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor
esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen
sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la
gracia.
Desde
luego y en el supuesto de indulto total el Tribunal sentenciador
deberá de hacer constar las razones de justicia, equidad o utilidad
pública que concurren para tal concesión; ya que si no concurren el
indulto solamente podrá ser parcial.
Además
el Tribunal sentenciador remitirá la hoja histórico penal, el
testimonio de la sentencia ejecutoria y demás documentos necesarios
para la justificación de los hechos.
La
concesión del indulto se hará en Real Decreto que se insertará en
el Boletín Oficial del Estado.
El
procedimiento será resuelto en plazo de un año, pudiendo entenderse
desestimada la solicitud en caso contrario.
Al
menos en plano teórico cabría interposición de recurso contencioso
administrativo contra el Real Decreto que resuelve el indulto,
entendiendo que sería competente la Sala Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo.
Algunas
sentencias han limitado el objeto del recurso a aspectos formales de
su elaboración, esto es, a los aspectos reglados del procedimiento,
concretamente si se han utilizado los informes preceptivos y no
vinculantes que establece la Ley del Indulto, sin extenderse a
defectos de motivación ni, por supuesto a la valoración de los
requisitos de carácter sustantivo.
Pero
otras sentencias extienden el control jurisdiccional a la no
concurrencia de arbitrariedad en la concesión, pues tal decisión
exige, por disposición legal, la especificación y el conocimiento
de las razones de justicia, equidad o utilidad pública;
especificación a la que ha de llegarse con pleno conocimiento de los
hechos y de todas sus circunstancias, y después de un estudio
detenido sobre las consecuencias de haya de producir. Es decir el
Real Decreto debería señalar las razones de justicia, equidad o
utilidad pública y así evitar la arbitrariedad, bajo consecuencia
de anulación.
Sobre
el control jurisdiccional del indulto es significativa la sentencia
de la Sala Contencioso Administrativa del Pleno del Tribunal Supremo
de 20-11-2013 y más reciente la sentencia de 5-06-2015.
Además
existe otra vía de obtener el indulto parcial de la pena privativa
de libertad, que es la contemplada en el art 206 del Reglamento
Penitenciario, que establece que La
Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá
solicitar del Juez de Vigilancia Penitenciaria la tramitación de un
indulto particular,
en la cuantía que aconsejen las circunstancias, para los penados en
los que concurran, de modo continuado durante un tiempo mínimo de
dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario,
todas y cada una de las siguientes circunstancias:
La
tramitación del indulto a que se refiere el art 206 RP se regulará
por lo dispuesto en la vigente legislación sobre el ejercicio del
derecho de gracia y en las disposiciones que la complementen o
modifiquen.
Es
decir en el procedimiento de concesión de este indulto particular
hay dos fases diferenciadas: una en la que el Equipo Técnico
propone, la Junta de Tratamiento solicita y el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria resuelve y otra en la que se aplica la regulación
legal del derecho de gracia (art 206.2 RP).
A
esta modalidad se refería la Instrucción 17/2007 de la DGIP
estableciendo los siguientes
principios de aplicación:
a)
El periodo mínimo de dos años durante el que de modo continuado y
en grado extraordinario deben concurrir las
circunstancias que justifiquen la tramitación del indulto, no tiene
por qué referirse de forma necesaria a la situación de penado, de
conformidad con el modelo individualizado de intervención para
internos preventivos establecido en el art. 20.1 del Reglamento
Penitenciario. Sí se requiere, lógicamente, que el interno se
encuentre en la situación de penado en el momento en que se propone
el indulto, con independencia del grado de tratamiento en el que esté
clasificado.
b)
Cuando se acrediten las circunstancias establecidas en el art. 206
del Reglamento, previo el oportuno informe del Equipo Técnico, la
Junta de Tratamiento formulará al Juez de Vigilancia Penitenciaria,
propuesta de indulto particular hasta un máximo de 3 meses por año
de cumplimiento en el que se hayan acreditado tales circunstancias.
c)
A lo largo del periodo de cumplimiento del penado, la Junta de
Tratamiento podrá proponer más de un beneficio de indulto
particular, si continúan dándose las circunstancias que lo
justifican, pero no podrá volver a tenerse en cuenta un periodo de
cumplimiento que se haya contabilizado para un beneficio de indulto
ya concedido.
d)
Se considerará que el penado ha participado en actividades de
reeducación y reinserción social en grado extraordinario cuando,
dentro del periodo considerado, la evaluación global de sus
actividades prioritarias haya sido “excelente” al menos durante
un año y nunca inferior a “destacada”, según los criterios
establecidos en la Instrucción 12/2006.
e)
En función de que dichas calificaciones de “excelente” sean o no
superiores al límite establecido en el punto anterior, así como de
la valoración que a la Junta de Tratamiento merezcan las restantes
circunstancias prescritas en el art. 206 del Reglamento, se graduará
el tiempo concreto de indulto propuesto.
f)
En el supuesto de que existan varias causas penales en situación de
cumplimiento, la Junta de Tratamiento concretará aquella para la que
se solicita la aplicación del indulto propuesto.
g)
La propuesta del beneficio de indulto particular es compatible con la
de otros beneficios penitenciarios, siempre que se den en el penado
las condiciones legales para ello.
Tal
Instrucción opta por interpretar que la iniciativa de solicitud este
indulto será de la Junta de Tratamiento, aunque también admite la
solicitud de indulto formulada por el/la propio/a interno/a.
Lo
cierto es que el Tribunal Constitucional (vr gr STC 163/2002) ha
sostenido que este indulto particular se configura como un beneficio
penitenciario (así expresamente lo dice el art 202.2 RP) y como
consecuencia de ello se vincula a la reeducación y resinserción
social como fin principal de la pena privativa de libertad (art 203
RP); admitiendo que este indulto particular pueda ser instado por el
propio/a interno/a.
La
denegación del indulto por esta vía no impide la petición directa
del indulto ante el Ministerio de Justicia.
La
figura del indulto se trató, por los abogados/as que atienden los
SOAJP, en el XVI Encuentro de Servicios de Asistencia y Orientación
Juridica Penitenciaria celebrados en noviembre de 2014 en Ourense,
siendo objeto de críticas en cuanto a falta de motivación de las
resoluciones denegatorias de indultos por parte del Consejo de
Ministros y también en cuanto a interpretaciones restrictivas de
algunos Jueces de Vigilancia Penitenciaria en cuanto al indulto del
art 206 RP.
En
todo caso se estableció como conclusiones del Encuentro:
a).-
un pronunciamiento a
favor de la concesión de indultos como un instrumento de
individualización de las penas, y por tanto de justicia efectiva, en
aquellos casos en que la pena ha resultado excesiva,
desproporcionada; o su cumplimiento, por diversas circunstancias, ha
devenido carente de sentido y perjudicial para la personas.
b).-
una petición a los Juzgados y Tribunales para que, una vez se
concrete una solicitud de indulto, se acuerde, al amparo de lo
preceptuado en el art. 4.4 del Código Penal, la suspensión de la
ejecución de la pena, en tanto se tramita dicho indulto.
