*** El art 520.2. de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal establece que toda persona detenida o presa será
informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos
que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así
como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes: Derecho a guardar silencio no declarando si no
quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a
manifestar que sólo declarará ante el Juez; Derecho a no declarar contra sí
mismo y a no confesarse culpable…
En relación con ello el art 520.6 dice que la
asistencia del Abogado consistirá en: a) Solicitar,
en su caso, que se informe al detenido o preso de sus derechos y que se proceda
al reconocimiento médico señalado en su párrafo f). b) Solicitar
de la autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en
que el Abogado haya intervenido, una vez
terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere
convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que
haya tenido lugar durante su práctica. c) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que
hubiere intervenido.
*** Tal y como está redactada actualmente
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (marzo 2014) y según su tenor literal lo que
está prohibido es la entrevista reservada del abogado con el detenido antes de
la declaración; pero realmente no se prohíbe que el abogado se dirija a su cliente
de manera no reservada, por ejemplo para recomendarle que no preste declaración en sede policial.
*** En este sentido la Brigada Provincial
de Información de la Dirección General de la Policía formuló una queja al
Colegio de Abogados de Madrid ya que tres letrados recomendaban a sus clientes
que no declarasen en dependencias policiales a pesar de las advertencias
formuladas por el agente instructor del atestado de que no podían dirigirse a
los detenidos hasta después de finalizar la diligencia.
*** El Colegio de Abogados de Madrid,
resolviendo la queja, en Acuerdo de 19-03-2014 deja claro:
1º.- que el ejercicio del derecho de
defensa se integra en la prerrogativa de independencia y autonomía profesional
(art 542.2 LPOJ, art 33.2 Estatuto General de la Abogacía y art 2 Código
Deontológico): derecho a decidir y a ejercer con absoluta libertad, sin
injerencia, el modo de defender el asunto encomendado, lo que conlleva, salvo
en casos de quebrantamiento de la ley, a que el abogado pueda oponer tal
prerrogativa frente a cualquier injerencia a su actuación profesional.
2º.- los letrados no infringen norma
alguna ya que el art 520.6 LECrim no prohíbe expresamente la comunicación del
abogado con su cliente detenido durante la declaración, y más si es para que
éste quede informado de su derecho a no declarar.
3º.- tampoco incurren los letrados en
error o aplicación indebida del derecho, ya que solo realizaron actos
destinados a la mejor defensa de sus clientes.
4º.- La STC 199/2003 con el derecho del
detenido a la asistencia letrada se trata de asegurar que los derechos
constitucionales de quién está en situación de detención son respetados, que no
sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y
que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los
interrogatorios, incluida la de guardar silencio.
*** Todo ello sin perjuicio del contenido
de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo (art 3.3. a) que, una vez sea
de aplicación, garantiza el acceso a la asistencia letrada antes de la
declaración en comisaría, y que conlleva en la práctica la obligación del
cambio legislativo del art 520.6 LECrim.
*** El problema radica en que, por un lado, cuando el
abogado acude a comisaría a asistir a un detenido, no se conoce cuáles son las
pruebas o indicios que existen contra el detenido, ya que en ese momento no se
puede tener acceso al contenido del atestado, por otro, hay que evitar
cualquier reconocimiento parcial o total de los hechos que pudiera llevar a una
sentencia condenatoria (teniendo presente eso sí que lo que en este momento
está prohibido es la entrevista reservada previa a la declaración), y por
último que es preciso evitar que se preste una declaración inicial y
posteriores cambios de versiones que solo podrían perjudicar, por lo que ES
RECOMENDABLE QUE EL DETENIDO NO PRESTE DECLARACIÓN EN SEDE POLICIAL.
