2022/06/18

LIBRE COMERCIO CON LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS:

Recientemente Reino Unido ha decidido enviar solicitantes protección internacional a Uganda a cambio inicialmente de 144 millones de euros.

De forma similar Dinamarca aprueba una ley para enviar solicitantes de protección internacional fuera de la Unión Europea (posiblemente a Ruanda o a Eritrea), sin importar que los estándares de protección de derechos humanos que tenemos dentro de la Unión Europea nada tienen que ver con los de estos países de recepción.

De hecho, esta práctica choca frontalmente con la política de asilo común europea, si bien Dinamarca no participó en la adopción de la Directiva 2013/32/UE que, en su art 9, otorga derecho a permanecer en el estado miembro durante el examen de la solicitud en garantía del derecho de igualdad de trato a toda persona solicitante y tampoco en la adopción de la Directiva 2013/33/UE que, en su art 6, recoge el derecho a obtener documentación que autorice el derecho a permanecer, y por tanto Dinamarca no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

Es preciso recordar que Dinamarca ya suscribió un acuerdo con Kosovo para enviar allí a personas presas no pertenecientes a la UE a cambio de varios millones de euros anuales, intentando superar las críticas al envío de reclusos alegando que en todo caso se les va a aplicar la regulación de Dinamarca y que se van a respetar sus derechos, lo cual tiene difícil encaje si tenemos presente que tales destierros causan desarraigo, afecta al derecho de comunicaciones, a la reinserción, a la preparación de vida en libertad, al acceso a beneficios penitenciarios legalmente previstos, a la salud y a la sanidad en igual condiciones que las personas en libertad…etc.

Por lo tanto, los países desarrollados ya no solo nos limitamos a enviar nuestros residuos a otros países menos desarrollados que se han convertido en receptores de deshechos, sin impórtanos el impacto negativo que tales residuos puedan tener a miles de kilómetros, ni siquiera la capacidad que estos países puedan tener de gestionar adecuadamente los mismos, sino que ahora exportamos personas para no tener que cumplir los estándares de protección.

Muy criticable esta idea de que los países ricos paguen para no cumplir con sus obligaciones internacionales.

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Junio 2022.

2022/05/27

¿ES POSIBLE EL DELITO DE CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN TENTATIVA?

Introducirse bebido en un vehículo a motor estacionado en doble fila con intención de retirarlo, para evitar ser sancionado por la policía, sin arrancar el motor y sin ponerlo en movimiento son actos preparatorios impunes, ya que no se encuadran dentro del verbo conducir.

Lo que es conducir ha sido definido por el Tribunal Supremo (vr gr STS nº 436/17, de 15-06-2017 y STS nº 794/17, de 11-12-2017) en interpretación combinada de varias normas administrativas de tal manera que exige un desplazamiento, un traslado de un punto geográfico a otro, aunque éstos sean mínimos, como pueden ser acciones de aparcar o desplazamientos de unos pocos metros.

Por lo tanto, cuando solo hay actos preparatorios no debería haber delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del artículo 379 del Código Penal.

¿Y qué ocurre con la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol en estos supuestos en los que no hay conducción de vehículo a motor o de ciclomotor?.

Realmente solo se deberían someter a la prueba de alcoholemia: los conductores de vehículos a motor o de ciclomotores que estén circulando y otros usuarios de la vía cuando se vean implicados como posibles responsables de accidentes de tráfico, los conductores que presenten síntomas de haber bebido alcohol, o que hayan cometido infracción de tráfico, o sean requeridos en un control preventivo.

Fuera de estos casos nadie debería ser obligado a someterse a las pruebas de detección alcohólica y por tanto no se incurría en el delito de desobediencia del 383 del Código Penal.

https://www.linkedin.com/pulse/es-posible-el-delito-de-conducci%25C3%25B3n-bajo-la-influencia-sanz-de-la-cal/

27-05-2022

 

2022/01/24

¿HASTA CUÁNDO SE ATRIBUYE EL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN CASOS DE DIVORCIO?:

En supuestos de guarda y custodia no compartida el interés del menor conlleva la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad y por ello, en principio, no cabe limitar este derecho.

Si bien hay varios supuestos que mitigan este rigor:

a). - el acuerdo de los cónyuges con el visto bueno del Juzgado.

b). - el carácter no familiar de la vivienda

c). - el hijo menor no necesita la vivienda ya que tiene satisfechas sus necesidades por otras vías.

El Tribunal Supremo, en sentencia 861/2021, de 13-12-21, en un supuesto en que no se plantea ninguno de los supuestos de mitigación, acuerda atribuir el uso del domicilio familiar (propiedad del progenitor no custodio y con una carga hipotecaria importante) al progenitor custodio y a los hijos menores de edad "hasta la emancipación de éstos".

Enero 2022.

2022/01/11

DROGADICCIÓN A EFECTOS PENALES:

Jurisprudencialmente se aprecia que la drogodependencia condiciona la imputabilidad en los delitos en estos cuatro supuestos:

A).- Con efectos exculpatorios, vía eximente completa, ante una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión, bien porque actúa bajo la influencia directa del alucinógeno que anula de manera absoluta el psiquismo del agente, bien cuando el drogodependiente actúa bajo la influencia de la droga dentro del ámbito del síndrome de abstinencia,

B) Vía eximente incompleta, que precisa de una profunda perturbación que, sin anularla, sí disminuya sensiblemente la capacidad culpabilística, si bien conservando el sujeto activo la apreciación de la antijuridicidad del hecho que ejecuta.

La influencia de la droga también puede manifestarse por la ingestión inmediata de la misma, o porque el hábito generado con su consumo lleve a la ansiedad, a la irritabilidad o a la vehemencia incontrolada del drogodependiente.

A veces esta afectación profunda se asocia a otras causas, como pueden ser leves oligofrenias, psicopatías y trastornos de la personalidad, o bien cuando se constata que en la comisión de hechos incide una situación próxima al síndrome de abstinencia, momento en el que la compulsión hacia los actos destinados a la consecución de la droga se hace más intensa, disminuyendo profundamente la capacidad del agente para determinar su voluntad, en relación con aquellos delitos relacionados con la obtención de medios orientados a la adquisición de drogas.

C) Vía atenuante del artículo 21.2 del Código Penal, cuando la adicción incide en la motivación para cometer el delito, en cuanto éste se realiza a causa de aquella. Es decir, el beneficio de la atenuación sólo tiene aplicación cuando exista una relación entre el delito cometido y la carencia de drogas que padece el sujeto. Esta adicción grave debe condicionar su conocimiento de la ilicitud (conciencia) o su capacidad de actuar conforme a ese conocimiento (voluntad).

D) Por último, cuando la incidencia en la adicción sobre el conocimiento y la voluntad del agente es más bien escasa, sea porque se trata de sustancias de efectos menos devastadores, sea por la menor antigüedad o intensidad de la adicción, más bien mero abuso de la sustancia, lo procedente es la aplicación de la atenuante analógica del artículo 21.7 del Código Penal.

La jurisprudencia ha declarado que lo característico de la drogadicción, a efectos penales, es que incida como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el autor actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión inmediata o trafique con drogas con objeto de alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo, y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que le permitan seguir con sus costumbres.

Enero 2022.

2021/12/29

¿QUÉ OCURRE CON LOS ANIMALES EN CASO DE DIVORCIO?

Los animales, gracias a la Ley 17/2021, han dejado de ser cosas o bienes muebles para pasar a ser considerados como “seres vivos dotados de sensibilidad”, lo que afecta a las relaciones, especialmente de convivencia, con los seres humanos.

Los derechos y facultades que tenemos sobre los animales debemos ejercitarlos atendiendo siempre al bienestar y protección del animal, evitando el maltrato, abandono y la provocación de una muerte cruel e innecesaria.

Por ello se han introducido, dentro de los procedimientos de nulidad, divorcio y separación, normas que pretenden concretar la convivencia y cuidado de los animales de compañía ante la crisis matrimonial.

Ahora es posible que los cónyuges pacten e incluyan dentro de la propuesta de convenio regulador el destino de los animales de compañía, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar animal, el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado, así como las cargas asociadas al cuidado del animal; con reflejo de todo ello en la sentencia de mutuo acuerdo.

El acuerdo nunca podrá ser gravemente perjudicial para los animales ya que, en tales casos, será el Juzgado el que ordenaría las medidas a adoptar.

En caso de desacuerdo, si se solicita, serán los Juzgados, en sentencia o en resolución de medidas provisionales, los que decidan: la atribución del cuidado del animal de compañía a uno o a ambos cónyuges; la forma en la que el cónyuge al que no se le haya confiado podrá tenerlo en su compañía, así como el reparto de cargas asociadas al cuidado del animal, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar animal, con independencia de quién sea el dueño y de a quién se confió el cuidado.

La decisión judicial será objeto de anotación en el registro de identificación de animales.

La alteración grave de las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de decidir sobre los animales de compañía puede dar lugar al procedimiento de modificación de medidas.

Es importante tener en cuenta que el maltrato animal o la amenaza de causarlo, para controlar o victimizar al cónyuge o hijos/as, puede dar lugar a limitaciones en la guarda y custodia de menores.

Poco a poco los Juzgados irán delimitando el concepto de animal de compañía más allá de perros y gatos, si bien la Ley 5/1997 en Castilla y León, lo define como aquel animal que vive con las personas, principalmente en el hogar, con fines fundamentalmente de compañía, ocio, educativo o social, independientemente de su especie, por lo que considera que también lo son los équidos utilizados con fines de ocio o deportivo, siempre que su destino no sea consumo o aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos.

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Diciembre 2021.

 

 

2021/12/23

DESACUERDO EN LA VACUNACION DE MENORES FRENTE AL COVID-19:

Están siendo muy frecuentes las discusiones entre progenitores ante el desacuerdo en la decisión sobre la vacunación frente al Covid-19 de los menores.

Puesto que la decisión de vacunación entra dentro del ejercicio de la patria potestad, en el supuesto de ejercicio conjunto de los progenitores ambos deberán ponerse de acuerdo o contar uno con el consentimiento del otro.

Pero ¿qué ocurre si no es posible ponerse de acuerdo en la vacunación?

Seguir con las discusiones no lleva a ningún sitio y distorsiona la relación de pareja. Lo recomendable en estas situaciones es acudir al Juzgado para que sea éste el que, tras oír en comparecencia las razones de cada uno y las de los menores que tenga suficiente madurez y en todo caso a los mayores de 12 años, y en su caso practicar las pruebas oportunas, finalmente resuelva la cuestión atribuyendo la capacidad de decidir a uno de los progenitores.

El cauce es el procedimiento de jurisdicción voluntaria, en concreto el de la intervención judicial en desacuerdo de ejercicio de patria potestad, siendo el Juzgado competente el del domicilio o en su defecto residencia del menor, salvo que el ejercicio conjunto haya sido fijado por resolución judicial, en cuyo caso será el Juzgado que dictó dicha resolución.

¿Con qué criterio decidirá el Juzgado? Debemos insistir en que el Juzgado no decidirá si se vacuna o no, sino que únicamente atribuirá la facultad de decisión a uno u otro progenitor.

Para ello siempre atenderá al interés superior del menor, que supone una conjunción de circunstancias, deseos y sentimientos del menor según edad madurez y desarrollo personal y por supuesto a valores tales como protección de vida, supervivencia, desarrollo del menor y satisfacción de necesidades básicas.

Es conveniente solicitar informes médicos que acrediten: que el menor ha sido vacunado con todas las vacunas del calendario vacunal infantil, que se trata de un menor sano, sin patologías y que no constan alergias conocidas ni patologías medicas activas que resulten incompatibles con la vacuna contra el Covid-19.

Los Tribunales en éstos supuestos, frente al alegado riesgo de una eventual reacción adversa de la vacuna, se apoyan a la hora de decidir en que: es notorio que la vacuna ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios lo que presupone una garantía y en que los beneficios de la administración superan los riesgos constatados hasta el momento (la no vacunación en caso de contraer enfermedad tiene más riesgos que la vacunación), optando por otorgar la facultad de decidir al progenitor que era partidario de la vacunación.

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Diciembre 2021.

 

 

2021/11/09

ACCESO A LOS INFORMES DEL EQUIPO TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

 El Tribunal Constitucional ha estimado la existencia de especial trascendencia constitucional en el tratamiento que los órganos administrativos y judiciales deben dar a las solicitudes que cursen las personas internas en centros penitenciarios de acceso a la información obrante en los archivos y registros de la administración penitenciaria, al margen de todo procedimiento administrativo o judicial en curso y el grado de motivación exigible a las decisiones que diriman este tipo de pretensiones, especialmente cuando sean denegatorias del acceso a la información.

El interno, sin formular recurso alguno, solicitaba al Centro Penitenciario la entrega de las copias de los informes emitidos respecto de su persona por el educador, la psicóloga y la trabajadora social del centro o, en su caso, el acceso al contenido de los mismos, por considerarlo preciso para poder defender sus intereses frente a decisiones de la administración penitenciaria que le rehusasen la concesión de permisos de salida o una progresión de grado.

Estos informes son de innegable relevancia en la concesión o denegación de los permisos de salida, determinación de las condiciones de su disfrute y control, en la clasificación de grado y en la elaboración del plan individualizado de tratamiento.

El argumento clave utilizado en el auto de la audiencia provincial para rehusar la información solicitada fue la posibilidad que tenía el interno de acceder a los documentos solicitados recurriendo ante los jueces de vigilancia penitenciaria los actos y decisiones que adoptara la administración penitenciaria (denegación de permiso), confundiendo, a juicio del Constitucional, la publicidad de la actuación administrativa con la publicidad de los actos judiciales.

El alto tribunal no olvida que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 11 de octubre de 2016, asunto Cano Moya c. España, establece que el artículo 34 del Convenio puede imponer a las autoridades estatales la obligación de facilitar copia de documentación a aquellos demandantes que se hallen en situaciones de especial vulnerabilidad o dependencia e incapaces de obtener la documentación necesaria sin ayuda del Estado, lo que incide en el art 24.1 CE.

Por ello concluye el Constitucional (STC 164/2021) la existencia en este supuesto de falta de motivación de las resoluciones judiciales y renuncia de los órganos judiciales a verificar un control de la discrecionalidad de la administración mediante un análisis de las causas legales de limitación del acceso y una ponderación concreta de los intereses en conflicto, con vulneración del art 24.1 CE.

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Noviembre 2021

2021/11/03

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL RECURSO DE APELACION PENAL CONTRA SENTENCIA CONDENATORIA

Si tenemos en cuenta que el Juzgado de la instancia presencia la práctica de las pruebas que dependen de la inmediación y, por ello, está en mejor posición para apreciarlas teniendo libre valoración de la prueba, está claro que el tribunal de apelación no puede sustituir la convicción del Juzgado de instancia por otra distinta. Máxime cuando se trata de pruebas directas tales como testigos, imputados, periciales, o análisis del conjunto de la prueba practicada.

Lo que sí puede hacer el tribunal de apelación es ver si existe una justificación o valoración razonable en la prueba que valora. No se trata de que decida el hecho, sino que controle la forma en que se aplica el derecho, comprobando irracionalidad o arbitrariedad en la valoración de la prueba.

Fuera de ello el tribunal de apelación también puede, de un lado, llevar a cabo una nueva valoración cuando se practiquen nuevas pruebas en la segunda instancia que son tasadas, según autoriza el art. 790.3 de la LECrim., y, de otro, puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación

Es la doctrina reiterada del Supremo sobre las posibilidades que tiene el Tribunal de apelación a la hora de resolver el recurso formulado contra la sentencia condenatoria (vr. gr. Sts 805/2021, de 14-10-2021).

 

Noviembre 2021.

2021/07/07

TARJETAS REVOLVING. INTERESES USURARIOS:

Un cliente devolverá únicamente 1.465 euros de los 6.520 euros que inicialmente le reclamaba la entidad Hoist Finance Spain SL.

Host Finance Spain SL, como adquirente de la cartera de los derechos de crédito de Wizink Bank SA presentó demanda de juicio monitorio en reclamación de 6.520 euros en base a un contrato de tarjeta de crédito del año 2003 con un TAE del 26,82% anual

El Juzgado de Primera Instancia 2 de Valladolid ha declarado la nulidad del contrato de préstamo por usurario ya que en la fecha del contrato según estadísticas del Banco España el TAE medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo era de 7,926% y por tanto el TAE de 26,82% del contrato excede más del doble, siendo por tanto usurario, debiéndose anular el contrato, con obligación de restituir únicamente el capital pendiente de abono.

Así mismo, tras la celebración del juicio verbal, el Juzgado estima parcialmente nuestra oposición al monitorio considerando que parte del dinero que se reclamaba por la entidad Host Finance Spain SL ya había sido abonado, dictando sentencia de 24 septiembre 2020 declarando que el cliente únicamente tenía que devolver 1.465 euros de principal, sin condena en costas.

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2021/06/24

¿CÓMO SE HACE LA TRIPLE DE LA MAYOR? #tripledelamayor

Una simple hoja de cuentas expedida por el Centro Penitenciario no sirve para calcular la triple de la mayor y una correcta operación de acumulación penológica del art 76 del Código Penal (STS nº 501/2021, de 9-06-21).

Es conveniente realizar una tabla relacionándose, una por una, numeradas por orden cronológico, todas las ejecutorias, haciendo constar: órgano judicial que dicta cada sentencia, numero ejecutoria, fecha de la sentencia condenatoria (que debe ser firme), fecha de comisión de los hechos, delito por el que ha sido juzgado, y pena impuesta.

Seguidamente se hacen las operaciones oportunas de acumulación para formar bloques tomando como referencia la sentencia más antigua y una vez establecido un bloque se busca la condena más grave y se multiplica por tres cuyo resultado se compara con la suma aritmética de todas las condenas del bloque, comparándose cual es el resultado más beneficioso para la persona que cumple prisión.

Y así sucesivamente con cada bloque formado, no olvidando sumar aquellas condenas individuales que no han podido ser agrupadas.

Así podemos calcular la duración máxima de la prisión de una persona condenada a varias penas de privación de libertad o prisión por responsabilidad personal subsidiaria y de esta forma acortar la estancia en prisión.

Junio 2021.