El Tribunal Constitucional ha estimado la existencia de especial trascendencia constitucional en el tratamiento que los órganos administrativos y judiciales deben dar a las solicitudes que cursen las personas internas en centros penitenciarios de acceso a la información obrante en los archivos y registros de la administración penitenciaria, al margen de todo procedimiento administrativo o judicial en curso y el grado de motivación exigible a las decisiones que diriman este tipo de pretensiones, especialmente cuando sean denegatorias del acceso a la información.
El interno, sin formular recurso alguno, solicitaba al Centro
Penitenciario la entrega de las copias de los informes emitidos respecto de su
persona por el educador, la psicóloga y la trabajadora social del centro o, en
su caso, el acceso al contenido de los mismos, por considerarlo preciso para
poder defender sus intereses frente a decisiones de la administración
penitenciaria que le rehusasen la concesión de permisos de salida o una
progresión de grado.
Estos informes son de innegable relevancia en la concesión o
denegación de los permisos de salida, determinación de las condiciones de su
disfrute y control, en la clasificación de grado y en la elaboración del plan
individualizado de tratamiento.
El argumento clave utilizado en el auto de la audiencia
provincial para rehusar la información solicitada fue la posibilidad que tenía
el interno de acceder a los documentos solicitados recurriendo ante los jueces
de vigilancia penitenciaria los actos y decisiones que adoptara la administración
penitenciaria (denegación de permiso), confundiendo, a juicio del
Constitucional, la publicidad de la actuación administrativa con la publicidad
de los actos judiciales.
El alto tribunal no olvida que la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, de 11 de octubre de 2016, asunto Cano Moya c. España, establece que el artículo 34 del Convenio puede imponer a
las autoridades estatales la obligación de facilitar copia de documentación a
aquellos demandantes que se hallen en situaciones de especial vulnerabilidad o
dependencia e incapaces de obtener la documentación necesaria sin ayuda del
Estado, lo que incide en el art 24.1 CE.
Por ello concluye el Constitucional (STC 164/2021) la existencia
en este supuesto de falta de motivación de las resoluciones judiciales y
renuncia de los órganos judiciales a verificar un control de la
discrecionalidad de la administración mediante un análisis de las causas
legales de limitación del acceso y una ponderación concreta de los intereses en
conflicto, con vulneración del art 24.1 CE.
Noviembre 2021
